(I) EL PROCESO HISTÓRICO
44 años de la misma fórmula
En septiembre de 1977 se desarrolló el que hasta hace poco fuera EL Paro Cívico, el de 1977 el más grande y el más violentamente reprimido en la historia de Colombia. Lo que surgió como una reivindicación de un sector sindical que no se esperaba que tuviera más eco que en sus mismas bases y algunos aliados, resultó siendo el estallido social donde se desbordaron los reclamos por décadas de violencia estatal, cierre democrático, pauperización de las clases trabajadoras, fortalecimiento de los monopolios económicos y en general el malestar social por las medidas de emergencia económica y la decepción frente al gobierno de López Michelsen que se había promovido como reformista que no fue.
Desde que se convocó al Paro por las organizaciones sindicales, este fue calificado como subversivo por el gobierno de López, obrando en consecuencia la fuerza pública y los medios de información desarrollaron una fuerte persecución contra la dirigencia sindical, al compás de medidas extraordinarias de orden público y de supresión de derechos ciudadanos; a pesar de ello se sumaron al paro sectores populares, estudiantiles, docentes, corrientes políticas de oposición y miles de familias enardecidas por la rabia frente a la pobreza, este factor de vinculación popular fue lo que dio la dimensión que tuvo finalmente el Paro Cívico, y lo que logró que durara más de 48 horas de confrontación y resistencia constante.
Aunque en la década de los ochenta, noventa, dos mil y dos mil diez hubo múltiples movilizaciones en las ciudades y campos con todo tipo de legítimas reivindicaciones como la apertura democrática, la constituyente, la salida negociada al conflicto, contra la criminalidad estatal, por la educación pública, contra las privatizaciones, contra los daños ambientales del modelo extractivista, contra los tratados de libre comercio, por la dignidad y el reconocimiento de los pueblos étnicos, por el agro, por la equidad de género, por la paz; el tiempo ha dado al Paro Cívico de 1977 su lugar en la historia social y política del país, tal vez no por el balance de ganancias y pérdidas, que en todo caso tiene sus diferentes lecturas, sino porque demostró que la protesta social es un camino para la transformación social, la unidad política de los sectores alternativos y la puesta en el escenario de los debates profundos de la nación.
Si bien el aumento de salarios derivado del Paro Cívico resulto impulsando la economía por el mejoramiento de la capacidad adquisitiva, por lo mismo generando más empleo (contrario al postulado neoliberal) y reduciendo el malestar social, el balance en términos de Derechos Humanos fue doloroso, tanto por los miles de detenidos arbitrariamente, más de 500 heridos y cerca de 30 asesinados, como por los hechos alrededor y posterior al Paro Cívico que inauguraron una era de terrorismo estatal que aún no se termina. Para el régimen, el Paro Cívico de 1977 fue un ensayo general de revolución, por eso iniciaron la práctica de la desaparición forzada antes del Paro mismo y reforzaron la fórmula de violencia política por parte de las fuerzas armadas con medidas excepcionales que fueron rechazadas por López, pero adoptadas por Turbay y ejecutadas por Camacho Leyva dando forma al Estatuto de Seguridad. Responsabilidad absoluta del establecimiento y no de los promotores del Paro.
Un Paro Nacional de 17 meses y contando
El pueblo colombiano le notificó al gobierno de Iván Duque El 21 de noviembre de 2019 que a un año de su gestión no estaba conforme con su errática actuación en materia económica, con su fraude al compromiso estatal frente al Acuerdo de Paz, con su creciente concentración de poder institucional, con su talante autoritario, con su evidente corrupción en la función pública y con la masacre continuada de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos. Como en el 77 el Paro Nacional se convocó desde meses atrás por las centrales obreras contra el “paquetazo de Duque” que se veía venir con una serie de privatizaciones, reformas, alzas de tarifas generales, y contra el estado de cosas anteriormente narrado, como en el 77 este llamado fue acogido paulatinamente por sectores campesinos, estudiantiles, pueblos étnicos, organizaciones políticas y sectores urbanos empobrecidos, como en el 77 el gobierno nacional y las fuerzas de seguridad del Estado acusaron tempranamente al Paro Nacional de estar infiltrado por “el terrorismo”, esta vez representado en el ELN e ideologizado por el Foro de Sao Paulo (acusación que pocos entendieron, pero que funcionó para instalar una narrativa del miedo). En la misma línea de intimidación se desarrollaron estrategias complementarias de miedo en el pre-Paro como los allanamientos arbitrarios contra organizaciones sociales como Ciudad en Movimiento, medios alternativos como Cartel Urbano, colectivos artísticos como Puro Veneno, así como asedios por las líneas celulares de la compañía Claro y una solicitud de retiro de contenidos a la revista Cero Setenta de la Universidad de los Andes. Estrategia que se repitió con otros colectivos en Medellín y Cali, siempre señalando que se buscaba material explosivo, armas y documentos que les relacionaran con llamados a la violencia en el Paro Nacional.
Ninguna de estas estrategias logró intimidar a los manifestantes, por el contrario, cientos de organizaciones y colectivos indecisos frente a su participación en el Paro se volcaron a las calles sumando consignas de rechazo frente a la estigmatización de la protesta social y al autoritarismo del gobierno nacional. Aquel 21 de noviembre vimos (para quienes no vivimos el Paro Cívico del 77) la más grande manifestación popular contra un gobierno, cientos de miles de personas llenaron las avenidas, calles y carreteras desde Bogotá hasta Quibdó y el desierto de la Alta Guajira. Como es de esperarse de un gobierno autoritario y con las estrategias de infiltración y falsa bandera de los organismos de seguridad del Estado, se registraron algunos focos de disturbios que fueron atendidos con violencia por el Esmad y la Policía
En el caso de Cali, el despliegue de fuerza fue inusitadamente alto y concentrado en el centro de la ciudad, mientras que en los sectores periféricos del oriente de la ciudad ante la ausencia de las fuerzas de seguridad del Estado, se registraron acciones de vandalismo, hurtos y violencia no asociada a la jornada de protesta, lo que sirvió de justificación para que el gobierno local determinara la imposición de un toque de queda durante la noche del 21 de noviembre, durante la cual se activó otra táctica de miedo, que se conoció en Cali como el “ya vienen”, mediante la cual se difundieron con virulenta rapidez principalmente por redes sociales de mensajería instantánea mensajes en los que voces desconocidas aseguraban que en la zona suroriental de la ciudad hordas de vándalos estaban ingresando por la fuerza a conjuntos residenciales a realizar toda suerte de agresiones a la comunidad. Hasta la fecha no se conoce ninguna denuncia en la Fiscalía por algún tipo de ilícito cometido en este episodio, así mismo no he logrado encontrar a ninguna persona de Cali que haya vivido un episodio de violencia por los vándalos de los que hablaban esos mensajes; sin embargo, esta táctica fue sumamente exitosa en su propósito de generar miedo, desmovilizar y exacerbar odios entre sectores de la comunidad caleña, esta táctica fue replicada al día siguiente en Bogotá con similares resultados.
El 21N llegó hasta el mes de febrero de 2020 con nuevas movilizaciones menos nutridas y más dispersas, con cacerolazos durante horas en todo el país, así mismo registró un lamentable saldo de abusos policiales, detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos en toda la geografía nacional, siendo emblemático el asesinato de Dylan Cruz, quien según la Fiscalía General de la Nación se atravesó a la trayectoria del proyectil disparado por el capitán de la Policía Manuel Cubillos, el mismo informe de la Fiscalía hace una caracterización de Cruz como un sujeto descartable para la sociedad debido a su indumentaria, problemas escolares y consumo de alucinógenos en el pasado, buscando con ello exculpar al asesino de su responsabilidad. Frente a los reclamos del Paro Nacional el gobierno se inventó una fórmula destinada al fracaso, la Conversación Nacional que fue un escenario de distracción, dilación y nunca de negociación, que no logró ningún resultado tangible respecto de las demandas de la ciudadanía y al contrario fue usado para posicionar la agenda del partido de gobierno.
(II) LA VIOLENCIA ESTATAL Y LA CRISIS HUMANITARIA
La pandemia del Covid19 y la endemia de la represión
La declaratoria de pandemia global derivó en la adopción de medidas extraordinarias que, bajo la égida de la salud pública fueron en realidad medidas de control del orden público, las cuales fueron enfocadas en controlar el descontento social que seguía vigente desde el 21N y con la decepción de la Conversación Nacional, pero que además se venia agudizando antes de la pandemia (durante buena parte del 2019 la tasa de desempleo estuvo por encima del 10%, y en lo meses de enero, febrero y marzo de 2020 tuvo un promedio de 12.6%). La crisis económica y social no fue causada sino agudizada por las medidas aplicadas en virtud de la pandemia, ante la cual el gobierno nacional en una absoluta indolencia se ha negado a implementar medidas contundentes de apoyo social como la Renta Básica y por el contrario ha implementado paquetes de ayuda focalizada con enormes problemas metodológicos, logísticos y de corrupción como el Ingreso Solidario, y otros enfocados en subsidiar el sector financiero, la producción y el empresariado con dudosos réditos sociales y humanitarios.
Las medidas restrictivas del gobierno con los toques de queda y la asunción de facultades extraordinarias por el ejecutivo y derivadas en la Policía, enfrentadas a las necesidades insatisfechas de los sectores más vulnerables de la población, y en concreto al hambre y la desprotección estatal resultaron en reiterados episodios de abuso policial dirigidos a las capas empobrecidas y pauperizadas de la población en las principales ciudades, especialmente en Bogotá. Al compás del miedo frente al Covid19 el gobierno fue investido por una surte de mandato nacional de responsabilidad frente a la protección de la nación, lo cual fue asimilado como patente de corso para la implementación de medidas represivas contra la población. Tristes episodios de la endemia represiva en el marco de la pandemia son la Masacre de la cárcel La Modelo con 23 internos asesinados, la Masacre de San Mateo en Soacha donde 9 jóvenes internos murieron calcinados mientras estaban en custodia de la Policía, la Masacre de Bogotá y Soacha donde fueron asesinados al menos 14 jóvenes, algunos menores de edad, en medio de la protesta contra la brutal represión policial expresada en el asesinato de Javier Ordóñez el 8 de septiembre también en Bogotá. Frente a estos casos el común denominador ha sido el apoyo del gobierno (el presidente de la república salió disfrazado de patrullero de la policía a respaldar a esta fuerza), el encubrimiento por los superiores, las dilaciones en la justicia y las investigaciones que no conducen a ninguna parte: impunidad para las víctimas.
28A y la indignación acumulada
Con un acumulado de indignación, demandas sin resolver, hastío frente a las restricciones e impactos del Covid19 y la digna rabia frente a un establecimiento que atiende las problemáticas sociales con indiferencia y represión, nuevamente las centrales obreras y el Comité Nacional de Paro convocan a una jornada de movilización, y nuevamente como en el 77 y como en el 21N se reconoce esta convocatoria como el escenario para la manifestación de todo ese descontento social. El 28 de abril fue una fiesta democrática en todo el país, cientos de miles de personas salieron a manifestar su rechazo a la vergonzosa reforma tributaria, a la lesiva reforma a la salud, a las propuestas de reforma laboral y pensional, a exigir la implementación plena del Acuerdo de Paz, una renta básica universal, la protección de la producción nacional entre otras demandas de tipo social, ambiental y económico. Como se esperaba, nuevamente el gobierno nacional ha apelado al (ya desgastado, no?) recurso de estigmatización de la protesta, asimilación del Paro con organizaciones delincuenciales y por supuesto la represión brutal sazonada con tácticas de infiltración y falsa bandera.
Sin necesidad de entrar en detalles que todas conocemos (otra cosa es que tal vez no queremos saber), vale decir que al momento de escribir estas líneas las organizaciones defensoras de Derechos Humanos se ven en dificultades para actuar y documentar los más de 2400 casos de violencia policial, más de 50 asesinatos principalmente de jóvenes, más de 20 casos de violencia sexual, más de 500 personas desaparecidas (todos ellos atribuibles a la fuerza pública), a la vez que se protegen de persecuciones, hostigamientos y atentados ejercidos por la misma fuerza pública incluso contra funcionaros de los gobiernos locales y de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos como ONUDH (casos registrados en Cali). Este brutal despliegue de violencia y represión ha llamado la atención de la prensa internacional, así como de instancias políticas como la Unión Europea, los gobiernos de varios países latinoamericanos y congresistas de los EEUU, desde donde se han generado llamamientos contundentes al gobierno nacional de Colombia para detener las graves violaciones a los Derechos Humanos ejercidos por las fuerzas de seguridad del Estado, y que ha resultado en la solicitud -hasta ahora ignorada- de atender una visita de verificación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Cali, el laboratorio del terror
La recientemente bautizada Capital de la Resistencia viene arrastrando profundos problemas sociales que aunque fueron ya referenciados, vale la pena decir que esta situación ha sido particularmente grave en esta ciudad con un crecimiento desbordado de la pobreza y pobreza extrema, del índice Gini de concentración de la riqueza, reducción del ingreso real y agudización del desempleo especialmente grave en el año 2020 (ver datos de Jorge Ovalle); sumado a esto, una grave situación de seguridad que por supuesto se relaciona -aunque no exclusivamente- con la crisis socioeconómica mencionada, y acusaciones de corrupción contra el gobierno local han hecho que particularmente el descontento social de los caleños sea más evidente.
Con la misma fórmula del 21N de infiltración y falsa bandera se registraron hechos de violencia y vandalismo en puntos focalizados de la ciudad, lo que pretende justificar el despliegue de fuerza pública más grande que se haya visto en una ciudad de Colombia. El alcalde Jorge Iván Ospina ya había dado pistas de su torpeza en el manejo de la seguridad de la capital vallecaucana, cuando el 18 de abril anunció la creación de brigadas y redes de seguridad ciudadana, en un reconocimiento del fracaso de su política de seguridad y un peligroso llamado a la privatización de las funciones de seguridad del Estado, esto puede explicar que cuando inicia el Paro Nacional Ospina cede inmediatamente el control de la ciudad al gobierno nacional y a la cúpula militar, indignación causó la fotografía de Ospina presentando en un mapa, a la cúpula militar y al ministro de defensa Molano, los puntos de localización de la resistencia popular de los caleños. Desde ese mismo día la arremetida contra los manifestantes ha sido terrorífica, se cuentan por miles los casos de violencia policial, por centenas las desapariciones y por decenas los asesinatos; en la memoria de los caleños quedarán el brutal ataque contra la concentración pacífica de la Loma de la Dignidad, el ataque a la velatón en Siloé y los francotiradores y el helicóptero de la Policía disparando contra la población de este lugar, así mismo los ataques con absoluta desproporción sobre las concentraciones de La Luna, la Portada al Mar, Puerto Resistencia, Sameco, también los ataques armados con policías disfrazados en el sector de El Ancla, y las acciones combinadas de policías y paramilitares en las camionetas polarizadas en las horas de la noche contra manifestantes, defensores de Derechos Humanos y Misión Médica.
Ante esta brutal descarga de violencia estatal y con el silencio cómplice del depuesto alcalde Ospina, las organizaciones sociales y los manifestantes convocaron a la Guardia Indígena quienes desde su legitimidad social y reconocimiento internacional como cuerpo desarmado de paz brindaron acompañamiento y protección a los ciudadanos que ejercen su legítimo derecho a la protesta, logrando disuadir a los agresores con y sin uniforme, y logrando algunas capturas ciudadanas de agresores e infiltrados que resultaron ser policías activos, retirados y civiles contratados por la Policía. Bajo la acusación de que los miembros de la Guardia Indígena eran causantes de bloqueos en la zona sur de la ciudad (que nunca estuvo bloqueada) y de que iban a invadir los conjuntos residenciales de la zona, al mismo modo del “ahí vienen” del N21 de 2019, algunos habitantes de la comuna 22 -que ya habían anunciado a través del edil de Centro Democrático Carlos Betancur que tenían disponibles 25 mil armas para utilizarlas contra los manifestantes- en coordinación con la Policía y otros particulares armados organizaron un ataque armado contra los miembros de la Guardia Indígena el día 9 de mayo, pocas horas después de que el alcalde Ospina había desdeñado de la presencia de la Guardia Indígena en Cali y les había pedido salir de la ciudad; este episodio terminó con nueve comuneros heridos en un grave hecho que los medios nacionales calificaron como enfrentamiento mientras que la comunidad internacional lo condenó. Después de semejante agresión y sin contar con las garantías constitucionales que el Estado debe brindar, la Guardia Indígena en toda su Minga salió de Cali el 12 de mayo entre aplausos y agradecimientos de los pobladores de los sectores populares y los manifestantes que fueron acompañados y protegidos por los guerreros ancestrales.
La fórmula del laboratorio de Cali ha sido aplicada en otros lugares del país. Con algunos ajustes, la combinación de uso deliberado de violencia, desproporción en el uso de la fuerza, ocultamiento de identidad de agentes del Estado, coordinación de acciones armadas con no uniformados, detenciones arbitrarias y sin registro formal, comisión y auspicio de hechos vandálicos por uniformados, uso de armas no convencionales y convencionales en modo letal, uso de vehículos no identificados para el traslado de detenidos, ataques a la misión médica y a la misión humanitaria, allanamientos ilegales para capturas en no flagrancia y violencia contra los medios de información particularmente los independientes, ha sido desplegada por varios rincones del país a manera de doctrina del shock. Las comunidades de Jamundí, Palmira, Yumbo, Buga, Pereira, Manizales, Popayán, Pasto, Soacha, Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Caucasia entre otras, han visto como sus jóvenes -principalmente- han sido víctimas de un despliegue ilegal e inconstitucional de represión. Mientras escribo estas líneas las organizaciones defensoras de Derechos Humanos en suroccidente están verificando las versiones de hallazgos de cuerpos en la zona rural de Yumbo y en algunos puntos del río Cauca, los que podrían corresponder a las personas reportadas como detenidas desaparecidas.
DE LA CONVERSACIÓN SORDA A LA NEGOCIACIÓN POLÍTICA
La fracasada fórmula de la represión
Como en el 21N el régimen del Centro Democrático ha pretendido acallar las reivindicaciones legítimas del pueblo colombiano mediante una escalada de violencia, desde la estigmatización, difamación y la falsa acusación hasta la violencia homicida ejecutada por agente uniformados y no uniformados o por particulares con su connivencia, pasando por la violencia desproporcionada, la tortura, la detención arbitraria y la desaparición forzada. Esta fórmula de terror, a pesar de sus costos humanos no ha logrado mellar la fuerza y la decisión de las comunidades que protestan, de hecho, la indignación frente a la brutal represión ha logrado vincular a miles de personas indiferentes y periféricas a las manifestaciones, a una dinámica comunitaria de apoyo a las jornadas diarias del Paro Nacional: voluntarios de la Misión Médica, donantes de alimentos e insumos, prestadores de transporte, cocineros y cocineras, medios alternativos, artistas, reguladores de tránsito, almacenistas, contadores, distribuidores de insumos, en fin ciudadanos indignados que han replicado las demandas de los manifestantes, han marchado apoyándolas y han rechazado la represión estatal, multiplicando por miles la voz del Paro Nacional.
Como en el N21 y ante la resistencia del Paro Nacional, una semana después de haber iniciado las jornadas de protesta el gobierno planteó una fórmula de Conversación Nacional, escenario insulso cuyo único propósito -antes y ahora- ha sido plantear la agenda del gobierno, legitimándola en principio con los sectores adeptos al régimen y dejando para el final el encuentro con el Comité Nacional de Paro, excluyendo amplios sectores con demandas legítimas, pero no representados en este Comité. Para esta Conversación Nacional el gobierno designó al Comisionada de ¿Paz? Miguel Ceballos, quien se caracterizó por atacar el Acuerdo de Paz y sepultar las esperanzas del diálogo con el ELN, deseando siempre ejercer como Ministro de Defensa o asesor de seguridad antes que trabajar por la paz, mientras tanto las fuerzas de seguridad del Estado han seguido reprimiendo con fiereza a la ciudadanía con total impunidad y con el silencio de los organismos del Ministerio Público. Frente a este macabro escenario de negociar en medio de la sangre el Comité Nacional de Paro ha exigido el cese de la masacre y la condena rotunda del gobierno a las violaciones de Derechos Humanos ejercidas por el Estado a la para de plenas garantías para el ejercicio constitucional del derecho a la protesta, condiciones a las que el gobierno se ha negado, aunque ha aceptado que con el Comité Nacional de Paro no se conversa, sino que se negocia.
Con una clara muestra de doble agenda, sustentada en el temor y la pusilanimidad política, Duque ha perdido la oportunidad de hacer de sus derrotas muestras de grandeza, liquidando su capital político, arriesgando su legado y hasta su libertad por seguir ciegamente la receta de su mentor. Por una parte, se vio obligado a retirar el proyecto de reforma tributaria, detonante de la movilización pero no el único ni el más importante de los problemas planteados por la gente en las calles; a continuación de este fracaso, sale del gobierno el Ministro de Hacienda Carrasquilla, quien todavía debe muchas explicaciones algunas judiciales y otras administrativas, y unas más de tipo ético respecto de su trasegar por la función pública y su lamentable desempeño en el gobierno actual; poco después Duque anuncia lo que pretende mostrar como dádiva de su gobierno al anunciar matrícula cero para la educación técnica y superior pública en el segundo semestre de 2021 para los estratos 1, 2 y 3, sin que hasta ahora se tenga claridad de cómo funcionará ni cómo esto se diferencia de los compromisos adquiridos por el Estado con el movimiento estudiantil en años anteriores; de otro lado, las alertas encendidas en la comunidad internacional respecto de las violaciones de Derechos Humanos derivadas del tratamiento de guerra dado por el gobierno a la protesta social costaron la salida de la canciller fantasma Blum, con más pena que gloria y sin ningún legado que ofrecer a la vicepresidenta que la remplaza; luego de esto, la evidente pérdida de correlación de fuerzas en el legislativa respecto de las reformas objeto de discusión llevó a la sepultura de tercera del proyecto de reforma al sistema de salud, pero a la vez marcando una ruptura de las mayorías en el legislativo, que ya se pondrán a prueba este lunes 24 y martes 25 de mayo, cuando se decida sobre la propuesta de moción de censura contra el Ministro de Guerra Molano; finalmente, y no menos importante, en esta letanía de fracasos para Duque, Conmebol decide que Colombia no será la sede de la Copa América, a pesar de la jugadita del saliente Ministro Lucena pidiendo el aplazamiento de la realización de la misma por razones de salud pública, cuando todos sabemos que fue por causa de las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el gobierno en el marco de la represión al Paro Nacional. Le esperan otras perlas a este collar de fracasos del gobierno Duque como una probable catástrofe en la ronda de la VicepresiCanciller Ramírez en los EEUU y la muy probable moción de censura al Ministro Molano, a pesar de los gritos destemplados del expresidiario Álvaro Uribe, ya veremos.
La salida negociada
Por supuesto que el Comité Nacional de Paro no representa a todas las muy diversas expresiones del movimiento social y de las comunidades en movilización, son tantas y tan particulares las reivindicaciones, todas ellas legítimas que el escenario de la negociación no podrá ser uno solo, mucho menos centralizado ni integrado verticalmente; ello no significa que el Comité Nacional de Paro sea ilegítimo para la negociación con el régimen, lo que significa más bien es que este escenario de negociación será clave pero insuficiente para toda la convulsión nacional.
La legitimidad del Comité Nacional de Paro está dada por el mismo Paro Nacional, por la capacidad de convocatoria y por la orientación que ha dado a la negociación con el régimen: rechazo y condena a la masacre de Estado, convocatoria permanente a la movilización, reconocimiento a la juventud en su protagonismo en el Paro y en los puntos de resistencia, exigencia de parar la represión y de provisión de garantías para los Derechos Humanos en el marco de las jornadas de movilización, además de la exigencia de que se establezca una mesa de negociación y no una conversación insulsa. La reciente exigencia al gobierno de aceptar la visita de verificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el respaldo a la moción de censura contra el Ministro Molano y la convocatoria a caravana en solidaridad con la comunidad de Cali en resistencia, dan cuenta de una lectura coherente del momento político y de una importante conexión con los sectores sociales movilizados. Podrá fortalecerse tal legitimidad con una ampliación franca y honesta de la participación en el Comité, con las voces y las representaciones de las comunidades y de la juventud movilizadas en todo el país, no para que sean absorbidos ni burocratizados en el escenario del Comité Nacional de Paro, sino para que la negociación con el régimen recoja las demandas y propuestas más sentidas de los territorios y los sectores sociales, a los cuales ni el sindicalismo ni el movimiento social representan, porque no necesariamente deben hacerlo.
Pero también debe haber escenarios de negociación auténticos y autónomos en los territorios, donde los jóvenes y sus comunidades son los protagonistas donde ellos y ellas representan las demandas específicas frente a los fenómenos de pauperización diferenciada, desempleo, falta de oportunidades, corrupción, negación de derechos y decenas de razones que los han arrojado a las calles a luchar por un futuro. Estos dos niveles de la negociación, si bien deben ser autónomos -y ya se están adelantando algunos en los territorios, aunque con desconfianzas- habrán de estar comunicados entre sí, para retroalimentar la solidez de los acuerdos a la vez que ir logrando la generación de confianza en lo territorial a partir de decisiones concretas al amparo del respeto del derecho a la protesta y la garantía de respeto de los Derechos Humanos.
En los dos niveles de la negociación nacional es necesario tener garantes. Para ello ha ido ganando legitimidad la iglesia católica a través de la Conferencia Episcopal, así como la Oficina de la Alta Comisionada de ONU para los Derechos Humanos, pero también debe darse lugar a las organizaciones locales defensoras de los Derechos Humanos y los liderazgos comunitarios, que gozan de legitimidad en el territorio, pues son ellas quienes permanecen en los sitios donde habrán de ponerse en marcha las acciones concretas que materialicen los acuerdos.
Finalmente, estos acuerdos que deriven de las negociaciones deben ser acompañados de las comunidades y la ciudadanía en su conjunto. Tema difícil, puesto que los hechos ocurridos en las diferentes ciudades, desde el laboratorio de terror ensayado en Cali, han roto el contrato social, no sólo entre la ciudadanía y las instituciones, sino también entre diferentes segmentos de la ciudadanía, y no es claro si el camino correcto será recomponer ese contrato social o tocará inventarse otro.
